24-02-24) Respuesta 3 (tres) a “Hagamos Real lo Legal”
Observo que esta ley dificulta la atención primaria, secundaria y terciaria en personas con problemas por conductas adictivas. Al respecto: ¿Cuáles son los datos de incidencia y prevalencia? ¿Cuáles son los factores que mejor explican la remisión sostenida en atención secundaria y terciaria?
20-02-24) Respuesta 2 (dos) a “Hagamos Real lo Legal”
En urgencias psiquiátricas la policía llega en minutos, la ambulancia en horas ¿Y la judicialización? bien gracias. Se va la policía, se va la ambulancia… el problema queda latente y luego se exacerba (condicionamiento operante) Hasta que se logre internar con o sin judicialización. En ocasiones tal riesgosa y desgastante espera se puede sostener mediante asistencia policial. Se trata de situaciones donde la persona presenta riesgo para sí misma y/o terceros.
Otro problema relacionado con la voluntariedad: Personas con conductas adictivas en fases iniciales e intermedias. ¿Qué pasa con la voluntariedad? ¿Hay que esperar que se agrave y cronifique? ¿En qué medida se recuperan en las comunidades terapéuticas? Si no ¿Van a parar a dónde y/o dónde vuelven? ¿Cuál es el costo social, familiar y personal de todo esto? ¿Quiénes se benefician y quienes se perjudican? ¿Qué mercado terminan cuidando y a costa de quiénes? ¿Cuáles son los datos epidemiológicos? ¿Qué ha ocurrido con los trastornos por conducta adictiva en las últimas décadas?
Quizá un modo de preservar al paciente de intereses sectoriales sería subsidiando al usuario. El tratamiento se hace a medida (ad hoc): Proceso monitoreado y observado por Asistencia Social.
Personalmente promuevo Asociaciones de Usuarios, donde se debata los daños y perjuicios de la medicalización, psicologización, burocratización, judicialización, gabinetización… O sea, de los intereses sectoriales.
